Seis congresistas involucrados en las investigaciones por presunta corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) mantienen sus aspiraciones de reelección en las próximas elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026, pese a enfrentar procesos jurídicos que aún no han sido resueltos. El caso, que ha sido calificado como uno de los escándalos de corrupción más significativos de la última década en Colombia, ha salpicado tanto a políticos como a funcionarios públicos y contratistas vinculados a la entidad encargada de gestionar recursos para emergencias y prevención de desastres.
Entre los parlamentarios que buscan permanecer en el Congreso se encuentran Julio Elías Chagüi (Partido de la U), Martha Peralta (Movimiento Alternativo Indígena y Social — MAIS), Berenice Bedoya (Alianza Social Independiente — ASI), Wadith Manzur y Juan Loreto Gómez (Partido Conservador), así como Karen Manrique, quien aspira a una curul de paz. Estas personas han sido señaladas en distintas etapas del proceso de investigación por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos y en la gestión de recursos asignados por la UNGRD, según advierte el reporte del periódico EL PAÍS.
Investigación por presunto tráfico de influencias y contratos irregulares
Las pesquisas adelantadas por la Fiscalía General de la Nación, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado se centran en posibles delitos como tráfico de influencias, explotación indebida de contratos públicos y favorecimiento indebido en la asignación de recursos para obras e insumos en adelante de desastres naturales. Aunque los procesos están en curso y no hay sentencias condenatorias en firme en este momento, la trascendencia política y mediática del caso ha generado críticas sobre la actuación de los legisladores implicados y sobre la falta de consecuencias inmediatas.
Continuidad política pese a cuestionamientos
Pese a las investigaciones en su contra, los congresistas mencionados han continuado con sus actividades políticas, participando en debates, agendas públicas y, ahora, en sus campañas de reelección. Para analistas políticos y organizaciones ciudadanas, esta situación pone en evidencia posibles fallas en los mecanismos de rendición de cuentas y en la percepción de impunidad en ciertos sectores del país. Representantes de veedurías y grupos anticorrupción han manifestado su preocupación por la posibilidad de que figuras con investigaciones abiertas mantengan su presencia en el Legislativo, lo que podría afectar la confianza de la ciudadanía en las instituciones democráticas.
De cara a las elecciones de marzo, el caso de los congresistas investigados por el escándalo de la UNGRD se mantiene como uno de los temas más observados por medios de comunicación, expertos legales y sectores sociales, generando un cruce entre responsabilidad política, procesos judiciales y el futuro de la representación popular en Colombia.
